Disfrutaba de un programa televisivo cuando de pronto mi hija, con apenas 13 meses de edad, tomó el control remoto y manipulándolo con sus diminutas manos, aplastó el botón de encendido; la pantalla que proyectaba todos los colores se apagó, y mirando el rostro del bebé, una tierna sonrisa emitió.
Este sencillo acontecimiento, muy familiar, sirva de análisis para el desarrollo de una reflexión en torno a la nueva Ley de Comunicación que se intenta aprobar en la Asamblea Nacional.
¿Constituye realmente un poder de los ciudadanos la libertad de expresión a tal punto que gobiernos de turno se empecinan en poseerla para imponer sus ideologías o valores personales? El derecho a la libre expresión es uno de los más fundamentales, ya que es esencial a la lucha para el respeto y promoción de todos los derechos humanos. Sin la habilidad de opinar libremente, denunciar injusticias y clamar cambios el hombre está condenado a la opresión.
Para Lévi–Strauss, el más importante etnólogo del siglo XX al introducir en el campo de las ciencias sociales el análisis estructural que Ferdinand de Saussure y Román Jakobson habían aplicado a la lingüística, la “libertad de expresión constituye el vehículo esencial por donde fluyen las diferencias significativas entre pensamiento primitivo y civilizado que genera implicaciones comunicativas presentes en el espacio físico y simbólico determinados por el hombre en la sociedad” (Lévi–Strauss. EL PENSAMIENTO SALVAJE. Pág. 57).
Es en este espacio atribuido a la libertad de expresión donde se desarrollan los procesos de comunicación humana, donde se construyen los imaginarios individuales y colectivos, donde se generan imágenes de marca de pueblo alguno, ciudad o país que alcanzan significaciones importantes al punto de ser encasillados en la identidad nacional, capaces de provocar nuevos espacios y estilos de producción como novedades en una sociedad.
Por consiguiente, la búsqueda de mensajes en todas las sociedades plantea un sistema de comunicación donde prevalece el concepto de lucha, vista como acción permanente del hombre y soporte en su quehacer social conjugado en tiempo, pasado, presente y futuro.
La lucha por la libertad de expresión nos corresponde a todos, ya que es la lucha por la libertad de expresar nuestro propio individualismo. Respetar la libertad de los demás a decir cualquier cosa, por más ofensiva que la consideremos, es respetar nuestra propia libertad de palabra.
Enlaces sabatinos, cadenas de radio y televisión, prensa escrita, entre otros, son los medios que hoy ostenta el gobierno para su promoción propagandística sin control alguno. Discusiones inútiles se han vislumbrado en el “escenario politiquero nacional”. Aquí todo se sustenta en la ‘verdad de los hechos’, mientras, por el lado de los medios independientes, todos cuales niños no aplicados en la escuela no pasan la lección impuesta por el profesor.
En este contexto, llama poderosamente la atención, tal cual cartelera boxística, el ‘plan de medios’ utilizado por el Gobierno de la Revolución Ciudadana para atacar a los ‘medios independientes’ que han sido encasillados como atentatorios contra un plan absolutista que desconoce la diferencia del pensamiento primitivo y civilizado propuesto por Lévi –Strauss.
Aquí cabe la reflexión planteada por el entonces Presidente del Ecuador, Dr. Rodrigo Borja Cevallos, quien interrogado por el fascismo decía: “Regimentación vertical de la sociedad a través de la agremiación dirigida y controlada por el Gobierno; idolatría del Estado, nacionalismo enfermizo control absoluto de los medios de comunicación, supresión de las libertades, violencia como método de lucha política, expansionismo territorial e ideológico , concentración de todo el poder en una sola persona: la del Duche, del Führer, o del caudillo”.
Es inconcebible que en pleno siglo XXI se intente controlar la libre expresión de la población, pues el intento actual no es solo controlar a la prensa y a los periodistas, sino a todo ciudadano que discrepe con el poder. Resulta contradictorio que mientras la Constitución de Montecristi estableciera en el art. 18 que: “Todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a: 1.- Buscar, recibir, intercambiar, producir, y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general y con responsabilidad ulterior”, hoy, se pretenda hacer todo lo contrario.
Estos sucesos marcan la realidad de la libertad de expresión. La nueva Ley de Comunicación merece un debate profundo donde converjan los puntos de común unión entre los mandatarios y los diferentes organismos de la sociedad acerca de la responsabilidad ulterior, del ejercicio de los profesionales en periodismo, del desarrollo profesional y capacitación técnica, de los comunicadores comunitarios, del respeto a disentir y opinar diferente.
Intento una vez más disfrutar de mi programa de tv. Y nuevamente mi tierna hija toma el control remoto. Moraleja de la vida que hoy se transcribe con el propósito de coartar mi libertad de ver. Que tal si los asambleístas oficialistas que responden a los interés del gobierno de turno toman la actitud propia y natural de los infantes. ¿Podríamos seguir debatiendo sobre libertad de expresión?
