Opinión de Diario HOY
El proyecto de Ley de Comunicación bajo la responsabilidad del legislador oficialista Mauro Andino va de mal en peor en relación con las versiones anteriores. El punto de partida de esta como de las anteriores versiones evidencia prejuicios e incomprensión por parte del Gobierno acerca de la naturaleza de la comunicación y del trabajo de los medios.
No es posible esperar que salga una propuesta equilibrada ni que garantice la libertad de expresión si el supuesto es considerar a los medios y a los periodistas independientes como los principales enemigos del Gobierno ni es posible un debate positivo si se mantienen ataques constantes y la desvalorización del trabajo periodístico. A los prejuicios y la orientación punitiva, se suma el desconocimiento del trabajo de los periodistas. El resultado es un texto que suma contradicciones y normas impresentables en relación con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.
Dos ejemplos: primero, se reconoce el derecho de reserva de la fuente: "Ninguna persona que realice la difusión de información de interés general podrá ser obligada a revelar la fuente de la información". Pero, de inmediato, la excepción reduce a nada el derecho: "salvo cuando los datos informativos difundidos sean manifiestamente falsos o erróneos, o no puedan ser corroborados con otras fuentes, y además hayan afectado la honra, otros derechos fundamentales o el orden constituido...".
Segundo, el proyecto declara que las personas tienen el derecho absoluto a emitir su pensamiento sobre cualquier persona o asunto público o privado; sin embargo, queda otra vez en nada ese reconocimiento, puesto que se establece que "no constituye opinión cualquier afirmación que deba ser probada o corroborada objetivamente en razón de que afecta la honra o derechos de otras personas, o porque implica la atribución de autoría o de responsabilidad jurídica sobre un hecho o una decisión prohibida por el ordenamiento jurídico".
El proyecto de Ley de Comunicación bajo la responsabilidad del legislador oficialista Mauro Andino va de mal en peor en relación con las versiones anteriores. El punto de partida de esta como de las anteriores versiones evidencia prejuicios e incomprensión por parte del Gobierno acerca de la naturaleza de la comunicación y del trabajo de los medios.
No es posible esperar que salga una propuesta equilibrada ni que garantice la libertad de expresión si el supuesto es considerar a los medios y a los periodistas independientes como los principales enemigos del Gobierno ni es posible un debate positivo si se mantienen ataques constantes y la desvalorización del trabajo periodístico. A los prejuicios y la orientación punitiva, se suma el desconocimiento del trabajo de los periodistas. El resultado es un texto que suma contradicciones y normas impresentables en relación con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.
Dos ejemplos: primero, se reconoce el derecho de reserva de la fuente: "Ninguna persona que realice la difusión de información de interés general podrá ser obligada a revelar la fuente de la información". Pero, de inmediato, la excepción reduce a nada el derecho: "salvo cuando los datos informativos difundidos sean manifiestamente falsos o erróneos, o no puedan ser corroborados con otras fuentes, y además hayan afectado la honra, otros derechos fundamentales o el orden constituido...".
Segundo, el proyecto declara que las personas tienen el derecho absoluto a emitir su pensamiento sobre cualquier persona o asunto público o privado; sin embargo, queda otra vez en nada ese reconocimiento, puesto que se establece que "no constituye opinión cualquier afirmación que deba ser probada o corroborada objetivamente en razón de que afecta la honra o derechos de otras personas, o porque implica la atribución de autoría o de responsabilidad jurídica sobre un hecho o una decisión prohibida por el ordenamiento jurídico".
Tomado de: http://bit.ly/whlod7
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