Tomado de Diario El Comercio
El bloque oficialista de la Asamblea quiere aprobar el proyecto de Ley de Comunicación, un tema que ha sido el centro de la tensión política en los últimos dos años y tres meses. Mañana se iniciará en el Pleno la discusión en segundo debate de este proyecto. Ni gobiernistas ni oposición pueden asegurar tener los 63 votos para aprobar la ley, pero quienes cuestionan esta iniciativa sienten que el tema entró en cuenta regresiva. La razón: si el documento llega a ser aprobado, el Presidente de la República tiene en sus manos la posibilidad de vetarlo con los cambios que él desee, neutralizando así a la oposición que difícilmente podrá reunir 83 adhesiones para dejar de lado las objeciones que lleguen del Palacio.
Para Fausto Cobo (PSP), uno de los asambleístas que se ha abanderado de este proyecto, la estrategia del Régimen es marcar sus conceptos en Carondelet. Así, advierte que por más que el oficialismo desee suavizar los textos del proyecto, durante su discusión en segundo debate, la oposición debe insistir en su deseo de archivar la ley y redactar un nuevo texto. César Montúfar (Concertación) comparte este criterio: “Aún estamos a tiempo, cualquier desliz puede marcar para siempre el futuro de la libertad de expresión en el Ecuador”.
Su tesis parte de que en dos años y tres meses el oficialismo mostró poco interés por llegar a un consenso sobre este tema. “Se irrespetó el acuerdo político de diciembre del 2009 y los nuevos acercamientos después de la consulta popular de mayo pasado. La Asamblea no ha puesto interés en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visite el país y ha pasado por alto las reflexiones que la Unesco o Reporteros sin Fronteras han hecho dentro de este debate. ¿Por qué debemos pensar que esta vez, en un debate de dos días, sí se respetarán los cambios?”.
El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, ha cuestionado que detrás de estos temores se esconde el interés de que en el fondo no se apruebe nunca esta ley, a pesar de que se trata de un mandato constitucional, ratificado en la última consulta popular.
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